El Congreso convalida el nuevo decreto de vivienda: estas son todas las medidas que se mantienen
Por Eli Defferary
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El Congreso convalida el nuevo decreto de vivienda: estas son todas las medidas que se mantienen
Ya es definitivo: de los dos últimos reales decretos-ley aprobados en materia de vivienda, uno ha conseguido superar la votación parlamentaria y continúa vigente.
La Diputación Permanente del Congreso acordó el 12 de noviembre de 2026 convalidar el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.
La resolución que confirma oficialmente su convalidación se publicó en el BOE el 13 de noviembre de 2026.
En cambio, el Real Decreto-ley 28/2026 fue derogado.
Esto es especialmente importante porque ambos textos incluían medidas relacionadas con el alquiler, pero no eran exactamente las mismas.
Por ejemplo, no siguen adelante las nuevas renovaciones automáticas sucesivas de cinco años para propietarios particulares o siete años para personas jurídicas que planteaba el RDL 28/2026, ni la indemnización vinculada a determinados supuestos de no renovación.
Sin embargo, sí se mantienen las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 29/2026, entre ellas la nueva deducción estatal por alquiler, las nuevas reducciones fiscales para propietarios, las limitaciones de renta, la regulación de los alquileres temporales, la prórroga extraordinaria de determinados contratos, el mecanismo TU CASA o las nuevas reglas frente a determinados desahucios.
Estas son las principales medidas que quedan definitivamente en vigor.
1. Vuelve la deducción estatal por alquiler para los inquilinos
Una de las medidas más importantes que se mantiene es la recuperación de una deducción estatal en el IRPF por alquiler de vivienda habitual.
Podrán aplicarla los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a:
33.007,20 euros anuales.
La deducción será del:
10 % de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual.
Cuando la base imponible sea igual o inferior a 23.007,20 euros, la base máxima de la deducción será de 11.630 euros anuales.
Si la base imponible se encuentra entre 23.007,20 y 33.007,20 euros, esa base máxima se reducirá progresivamente utilizando la fórmula establecida por la ley.
Por ejemplo, una persona que pague 800 euros mensuales de alquiler abona 9.600 euros al año.
Si puede aplicar íntegramente la deducción:
9.600 × 10 % = 960 euros.
Es decir, podría reducir su cuota estatal del IRPF en 960 euros, siempre que cumpla todos los requisitos.
Además, durante al menos la mitad del periodo impositivo, ni el contribuyente ni los miembros de su unidad familiar podrán ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda situada a menos de 50 kilómetros de la vivienda alquilada, salvo determinadas excepciones.
La nueva deducción no queda limitada exclusivamente a los contratos de alquiler anteriores a 2015.
2. Cambian las reducciones fiscales de los propietarios que alquilan
También se mantiene la reforma del artículo 23 de la Ley del IRPF para los propietarios que obtienen rendimientos por alquilar una vivienda habitual.
El nuevo sistema vincula el porcentaje de reducción fiscal, entre otras circunstancias, a qué hace el propietario con el precio del nuevo contrato.
Para los contratos a los que resulte aplicable el nuevo régimen desde el 1 de diciembre de 2026, las reducciones pueden llegar hasta el 100 % del rendimiento neto positivo.
Esto no significa que Hacienda entregue al propietario el 100 % de lo cobrado.
Significa que puede quedar reducido hasta en un 100 % el rendimiento neto positivo que tendría que tributar en el IRPF.
Por ejemplo, cuando un propietario que no sea gran tenedor firme un nuevo contrato y reduzca la renta anterior en más de un 5 %, la reducción puede ser del 70 %, 85 %, 90 %, 95 % o incluso 100 %, dependiendo de circunstancias como la edad del inquilino, que la vivienda esté en una zona tensionada, que continúe el mismo arrendatario o que la renta quede por debajo del índice de referencia.
Si el nuevo alquiler no supera la renta anterior, la reducción será, con carácter general en el supuesto previsto, del 50 %.
Si el propietario incrementa el alquiler, la reducción va disminuyendo.
Puede ser del 40 % cuando la subida sea de hasta el 5 %, del 30 % cuando supere el 5 % pero no el 10 %, del 25 % entre el 10 % y el 15 %, del 20 % entre el 15 % y el 20 % y del 15 % cuando la subida supere el 20 %.
También existen reducciones específicas del 70 % para determinados alquileres sociales, del 60 % para viviendas rehabilitadas y del 80 % durante determinadas prórrogas tácitas cuando el propietario no sea gran tenedor y se respete el límite de renta correspondiente.
3. En determinados nuevos contratos podrá subirse el alquiler hasta un 10 %
También continúa vigente la excepción que permite incrementar determinadas rentas hasta un máximo adicional del 10 %.
Esta medida no significa que cualquier propietario pueda subir ahora un alquiler un 10 %.
Se aplica a nuevos contratos de viviendas situadas en zonas declaradas de mercado residencial tensionado.
Como regla general, el nuevo contrato no podrá superar la última renta que hubiera estado vigente durante los cinco años anteriores, una vez aplicada en su caso la actualización correspondiente.
Sin embargo, podrá incrementarse hasta un 10 % adicional cuando se cumpla al menos uno de estos supuestos:
que se haya realizado una rehabilitación en los dos años anteriores;
que se hayan ejecutado obras que permitan acreditar un ahorro de energía primaria no renovable de al menos un 30 %;
que se hayan realizado actuaciones de mejora de accesibilidad en los dos años anteriores;
o que el nuevo contrato se firme por diez años o más, o permita al inquilino prorrogarlo voluntariamente hasta alcanzar ese periodo.
Por tanto, ese 10 % es una excepción vinculada a requisitos concretos y no una autorización general para subir los alquileres.
4. Se limita la actualización anual de determinados alquileres hasta finales de 2027
El decreto convalidado también mantiene una limitación extraordinaria sobre las actualizaciones anuales de renta.
Afecta a contratos cuya anualidad se cumpla entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027.
Cuando la renta que ya paga el inquilino sea superior al límite máximo que resulte del sistema estatal de índices de referencia:
no podrá aplicarse ninguna subida.
En los demás casos, propietario e inquilino podrán negociar una nueva actualización.
Si no existe un nuevo acuerdo entre las partes:
el incremento no podrá superar el 2 %.
Esta medida es distinta de la posibilidad de incrementar hasta un 10 % determinados nuevos contratos.
Una regula la actualización anual de un contrato que ya existe y la otra determina el precio de determinados contratos nuevos.
5. Algunos contratos actuales pueden prorrogarse hasta dos años más
Otra medida que sí permanece vigente es la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler de vivienda habitual.
Afecta a contratos que estaban vigentes cuando entró en vigor el decreto y cuyo periodo de prórroga obligatoria finalice antes del 31 de diciembre de 2028, así como a determinados contratos que finalicen su prórroga tácita o se encuentren en tácita reconducción.
El inquilino deberá estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado mensualmente durante los ocho meses anteriores.
Si cumple las condiciones, podrá solicitar:
prórrogas anuales hasta un máximo de dos años adicionales.
Durante ese periodo se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente.
La solicitud debe ser aceptada por el propietario salvo determinados supuestos, por ejemplo que las partes alcancen otro acuerdo, firmen un nuevo contrato o exista una necesidad real y acreditada del propietario de recuperar la vivienda para sí o para determinados familiares.
Además, esta prórroga extraordinaria no se aplicará cuando propietario e inquilino acuerden renovar o firmar un nuevo contrato rebajando la renta al menos un 5 %.
6. Se mantiene la duración ordinaria de 5 o 7 años y las prórrogas anuales de hasta 3 años
Aquí es importante explicar qué ha ocurrido tras la derogación del otro decreto.
No se mantiene la reforma que pretendía introducir nuevas renovaciones sucesivas completas de cinco o siete años.
Lo que queda vigente es el régimen recogido en el RDL 29/2026.
Una vez transcurridos como mínimo cinco años de contrato cuando el propietario sea persona física o siete años cuando sea persona jurídica, si ninguna de las partes comunica su voluntad de terminarlo dentro de los plazos establecidos, el contrato se prorrogará por anualidades:
hasta un máximo de tres años adicionales.
El propietario deberá comunicar su decisión con al menos cuatro meses de antelación y el inquilino con al menos dos meses.
Por tanto, no debe confundirse este régimen con la renovación automática por nuevos bloques de 5 o 7 años del RDL 28/2026, porque esa reforma fue derogada.
7. Los inquilinos vulnerables pueden conseguir una prórroga extraordinaria
Además del régimen general, el artículo 10 de la LAU mantiene una protección adicional para determinadas personas en situación de vulnerabilidad.
Cuando finalice el periodo de prórroga obligatoria o tácita, el inquilino puede solicitar una prórroga extraordinaria de hasta un año si acredita una situación de vulnerabilidad social y económica mediante informe o certificado de los servicios sociales.
Cuando el propietario sea un gran tenedor, deberá aceptar obligatoriamente esta prórroga salvo que se haya formalizado un nuevo contrato.
En las viviendas situadas en zonas de mercado residencial tensionado existe además otra posibilidad:
el inquilino podrá solicitar prórrogas anuales extraordinarias durante un máximo de tres años.
El propietario deberá aceptarlas salvo las excepciones previstas por la ley.
8. Los alquileres temporales tendrán que justificar por qué son temporales
El decreto cambia de forma importante la regulación de los alquileres de temporada.
A partir de ahora deberá existir una causa real que justifique que la persona necesita la vivienda de forma temporal.
Esa causa deberá ser justificable y acreditable.
La duración se pactará entre las partes, pero deberá ser superior a 31 días y, como regla general, no superar los 12 meses.
Si el contrato supera los 12 meses sin que exista una justificación real de la temporalidad, o se encadenan más de dos contratos temporales consecutivos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero podrá considerarse desde el inicio como un contrato de vivienda habitual.
En ese caso se aplicarían las protecciones propias de los contratos de residencia habitual, incluidos los plazos mínimos y las prórrogas correspondientes.
9. También se regulan expresamente los alquileres por habitaciones
El alquiler de una habitación pasa a quedar expresamente incluido dentro del concepto de arrendamiento de vivienda cuando su finalidad sea satisfacer la necesidad residencial del arrendatario.
También puede existir alquiler temporal de habitaciones cuando exista una causa justificada de desplazamiento temporal.
La intención de esta reforma es evitar que dividir una vivienda en habitaciones permita eludir las reglas destinadas al alquiler residencial.
Además, en las zonas de mercado residencial tensionado se establecen límites para evitar que la suma del precio de todas las habitaciones permita superar de forma indirecta las restricciones aplicables a la vivienda completa.
10. El inquilino podrá desistir antes de un alquiler temporal
También se incorpora una regla específica para el desistimiento.
En un contrato temporal, el inquilino podrá marcharse una vez haya transcurrido al menos un mes desde la firma.
Deberá comunicarlo al propietario con una antelación mínima de diez días.
Cuando se ejerza correctamente este derecho, no se generará indemnización a favor del propietario.
En los contratos de vivienda habitual se mantiene la posibilidad de desistir una vez transcurridos seis meses, comunicándolo con al menos 30 días de antelación.
11. Los gastos de la inmobiliaria no pueden cargarse al inquilino
El decreto refuerza expresamente la prohibición de repercutir al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
No pueden cobrarse:
ni directamente,
ni indirectamente,
ni utilizando otra denominación.
La ley considera gastos de gestión y formalización los derivados de servicios relacionados con la preparación, formalización, gestión, novación o renovación del contrato de alquiler.
12. No se puede obligar al inquilino a contratar un seguro de impago
La norma también establece expresamente que el propietario no puede obligar al inquilino a contratar:
un seguro de impago de rentas,
ni otras coberturas equivalentes.
Sí puede pactarse una garantía adicional a la fianza dentro de los límites legalmente establecidos.
Para determinados arrendamientos de vivienda habitual esa garantía adicional continúa limitada a dos mensualidades.
En los arrendamientos temporales, la garantía adicional no podrá exceder de una mensualidad.
13. El inquilino tendrá más herramientas cuando la vivienda necesite reparaciones
También se refuerzan los derechos del inquilino cuando existen desperfectos que afectan a la habitabilidad, seguridad o salubridad de la vivienda.
El arrendatario podrá requerir por escrito al propietario para que realice la reparación y acompañar un presupuesto razonable.
El propietario dispondrá de:
15 días naturales
para aceptar el presupuesto, plantear una alternativa o realizar directamente la reparación.
Si no actúa en los términos previstos, la norma permite que, en determinados supuestos, el inquilino ejecute las reparaciones necesarias y compense su coste conforme al procedimiento establecido.
Por tanto, deja de ser únicamente una cuestión de insistir indefinidamente al propietario para que repare determinados desperfectos.
14. Al terminar el alquiler deberá documentarse el estado de la vivienda
La nueva regulación establece que, cuando termine el contrato, propietario e inquilino deberán dejar constancia por escrito del estado en el que se entrega la vivienda.
Se realizará mediante un documento de finalización firmado por ambas partes.
Si ese documento no se firma o no refleja ningún desperfecto, se presumirá, salvo que pueda probarse lo contrario, que la vivienda se entregó en adecuado estado de conservación.
15. El inquilino tendrá más protección si el propietario vende la vivienda
También se refuerzan los derechos de tanteo y retracto del inquilino.
Cuando el propietario vaya a vender la vivienda, el arrendatario podrá ejercer su derecho de tanteo dentro del plazo legal.
Y una novedad importante es que la venta de la vivienda dentro de un paquete junto a otros pisos, locales o activos no elimina necesariamente este derecho.
La operación deberá identificar el precio imputable a la vivienda alquilada utilizando criterios objetivos.
Además:
ya no puede pactarse que el inquilino renuncie anticipadamente a su derecho de adquisición preferente.
16. Los anuncios de alquiler tendrán que dar más información
También cambia la publicidad de las viviendas en alquiler.
Los anuncios deberán respetar los principios de veracidad y transparencia y no podrán ocultar información relevante.
Cuando la vivienda esté situada en una zona tensionada, deberán indicar el índice de referencia correspondiente.
Cuando exista una limitación legal del alquiler, deberá reflejarse el límite aplicable.
Además, deberá indicarse la condición de gran tenedor del propietario cuando proceda.
La finalidad es que el posible inquilino conozca antes de contactar si la vivienda está sometida a límites legales y cuál es el precio máximo aplicable.
17. Nuevas reglas en los desahucios de personas vulnerables
El decreto mantiene también importantes cambios en los procedimientos de desahucio.
Hasta el 31 de diciembre de 2030 se establece un régimen de suspensión para determinadas personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de alternativa habitacional.
Las reglas varían dependiendo de quién sea el propietario o demandante.
En determinados procedimientos de desahucio por impago, si se acredita la vulnerabilidad económica del inquilino, la Administración competente tendrá un plazo máximo de dos meses para actuar.
Podrá ofrecer una alternativa habitacional o pagar al propietario o consignar judicialmente la totalidad de las cantidades reclamadas, las que se hayan acumulado hasta ese momento y las costas previstas.
Durante esos dos meses se suspende el procedimiento y, en su caso, el lanzamiento.
Si la Administración paga, se pone fin al procedimiento y continúa vigente el contrato.
Si pasan los dos meses y no ofrece alternativa ni paga, la Administración queda automáticamente subrogada en la posición deudora del inquilino mientras se mantenga la situación prevista por la norma.
18. Protección específica para pequeños propietarios
La protección del inquilino vulnerable no significa que siempre vaya a prevalecer su situación.
El decreto establece también una previsión especialmente relevante para pequeños propietarios.
La vulnerabilidad económica del inquilino no prevalecerá cuando el propietario demandante sea una persona física titular de:
dos viviendas o menos.
Además, cuando una parte alegue no tener la condición de gran tenedor deberá acreditarlo en determinados procedimientos mediante certificación del Registro de la Propiedad.
19. Se limitan determinadas compras especulativas de vivienda hasta 2030
El Real Decreto-ley introduce además restricciones específicas para determinadas entidades que compran viviendas o carteras de préstamos hipotecarios impagados por precios claramente inferiores a su valor de mercado.
También afecta a determinadas personas jurídicas que tengan la condición de gran tenedor.
Hasta el 31 de diciembre de 2030, estas entidades tendrán limitada la adquisición de viviendas por un precio inferior al:
70 % de su valor de mercado.
El valor deberá determinarse mediante tasación independiente realizada por una sociedad homologada e inscrita en el Banco de España.
La norma contempla excepciones, entre ellas determinadas adquisiciones destinadas a vivienda habitual a precio asequible o social.
Por tanto, no se trata de una prohibición general de comprar viviendas por debajo de su valor para cualquier particular, sino de una medida dirigida a los sujetos expresamente establecidos por el decreto.
20. Cambia el tratamiento fiscal de las viviendas vacías
La reforma fiscal también afecta a la imputación de rentas inmobiliarias.
Para 2026 se mantiene el porcentaje del 1,1 % en determinados inmuebles situados en municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva general que haya entrado en vigor desde 2012.
A partir de 2027 se introduce una nueva escala progresiva de imputación de rentas en función de la suma de los valores catastrales de los inmuebles.
Los porcentajes pasan del 1,1 % para los primeros 100.000 euros de valor catastral acumulado hasta el 3 % para la parte que exceda de un millón de euros.
Por tanto, la tributación de determinados inmuebles que no constituyen la vivienda habitual también cambia con el decreto.
21. Incentivo fiscal para vender viviendas vacías al sector público
El decreto introduce además una exención fiscal para incentivar que determinadas viviendas vacías pasen al parque público.
Entre el 8 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, la ganancia patrimonial obtenida por vender una vivienda a determinadas administraciones, organismos o entidades públicas dedicadas a vivienda social o asequible puede quedar exenta.
Si el precio de transmisión es igual o inferior a 200.000 euros:
la exención puede alcanzar el 100 %.
Entre 200.000 y 800.000 euros, el porcentaje de exención se reduce progresivamente.
Para acceder a este incentivo, la vivienda debe haber permanecido desocupada de forma continuada y sin causa justificada durante los dos años anteriores a la transmisión.
Además, se contempla la posibilidad de reinvertir determinadas cantidades en la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión.
22. Determinadas ayudas de rehabilitación no tributarán en el IRPF
También se amplía la relación de ayudas públicas que no deben integrarse en la base imponible del IRPF.
Entre ellas se incluyen determinadas ayudas concedidas dentro de la línea para rehabilitación edificatoria, accesibilidad y renovación urbana y rural del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
Esto significa que los beneficiarios de esas ayudas concretas no tendrán que incorporar automáticamente la subvención como renta sujeta al IRPF cuando se encuentre dentro de los programas declarados exentos por la norma.
23. Cambia el IVA de determinados alquileres de corta duración
Desde el 1 de diciembre de 2026, determinados alquileres de apartamentos o viviendas amuebladas pasan a recibir un tratamiento similar al de determinados servicios de alojamiento.
La reforma afecta, entre otros casos, a alquileres con una duración no superior a 30 noches para un mismo arrendatario.
Estos arrendamientos dejan de disfrutar de la exención ordinaria en los supuestos previstos y pasan al tipo reducido correspondiente.
Existe una excepción cuando el alquiler se realiza en la vivienda en la que el propio arrendador tiene su residencia habitual, en los términos establecidos por la norma.
24. Se amplía el IVA reducido para determinadas reformas de viviendas
Desde el 1 de diciembre de 2026 también cambia el tratamiento de determinadas obras de renovación y reparación.
Podrán beneficiarse del tipo reducido cuando se cumplan las condiciones previstas legalmente.
Entre ellas, que la vivienda se utilice para uso particular o, en determinados casos, se destine a alquiler como vivienda habitual.
También se exige que la construcción o rehabilitación haya terminado al menos dos años antes del comienzo de las obras y que los materiales aportados por quien realiza la reforma no superen el 40 % de la base imponible.
Además, el pago tendrá que realizarse mediante medios identificables, como transferencia, tarjeta, cheque nominativo o ingreso bancario.
25. Los ayuntamientos podrán incrementar el IBI de determinadas viviendas vacías
Los municipios reciben también más capacidad para establecer recargos sobre viviendas desocupadas permanentemente.
Fuera de zonas tensionadas, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo de hasta el 50 % en determinados inmuebles residenciales que permanezcan vacíos durante más de dos años y pertenezcan a titulares de cuatro o más viviendas.
Cuando el periodo de desocupación supere los tres años, el recargo puede llegar al 100 %.
Además, pueden añadirse hasta 50 puntos porcentuales cuando el mismo titular tenga dos o más viviendas residenciales desocupadas en el mismo municipio.
En zonas tensionadas existen reglas específicas que permiten también estos recargos en los términos fijados por la norma.
No se aplica automáticamente en toda España: cada ayuntamiento deberá regularlo mediante su ordenanza fiscal.
26. También podrá aumentar el IBI de determinadas viviendas turísticas
En municipios situados en zonas de mercado residencial tensionado, los ayuntamientos podrán establecer también recargos sobre viviendas destinadas a alojamiento turístico.
El recargo podrá llegar al:
50 % con carácter general.
100 % cuando el titular tenga dos o más viviendas turísticas.
150 % cuando tenga cuatro o más.
De nuevo, esto no significa que el IBI vaya a subir automáticamente en todos los municipios.
Será necesario que el ayuntamiento correspondiente lo establezca mediante su ordenanza fiscal.
27. Cambia la fiscalidad de las SOCIMI
Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria también se ven afectadas.
El decreto establece un gravamen especial del 25 % sobre determinados beneficios no distribuidos que procedan de actividades de alquiler residencial, alojamientos turísticos, cesiones de corta duración y otros usos residenciales previstos por la norma.
Este gravamen puede reducirse cuando la entidad destine una parte muy elevada de su parque al alquiler asequible.
Incluso puede reducirse totalmente en determinados supuestos cuando más del 80 % de las viviendas se destinen a alquiler asequible y los beneficios no distribuidos se reinviertan en este tipo de vivienda dentro del plazo establecido.
28. Se actualizan los coeficientes de la plusvalía municipal
El Real Decreto-ley actualiza también, con efectos desde el 1 de diciembre de 2026, los coeficientes máximos que pueden utilizar los ayuntamientos para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Es decir, la denominada plusvalía municipal.
Los coeficientes dependen del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno hasta su transmisión y la norma establece una nueva tabla para cada periodo de generación.
29. Se refuerza CASA 47 y el parque público de vivienda
El decreto introduce también medidas para ampliar el parque público de vivienda.
CASA 47 podrá recibir inmuebles procedentes del Patrimonio del Estado y de la Seguridad Social para destinarlos a políticas de vivienda asequible.
También se facilita la incorporación de determinados inmuebles procedentes de organismos públicos.
Además, cuando CASA 47 venda determinadas viviendas de su propiedad o promovidas sobre sus suelos, el precio estará limitado utilizando como referencia los módulos de vivienda protegida correspondientes.
Esa limitación se extenderá también a futuras transmisiones y deberá constar en el Registro de la Propiedad.
30. Se crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones de euros
Otra de las medidas es la creación del Fondo de Vivienda de Impacto Social.
Su objetivo es financiar proyectos que tengan un impacto social positivo y atraer inversión privada hacia proyectos innovadores relacionados con vivienda.
La dotación inicial del fondo es de:
400 millones de euros.
El fondo queda adscrito al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y tendrá duración indefinida.
31. Se define legalmente qué se considera vivienda asequible
El decreto incorpora también una definición de vivienda asequible.
Se considerará vivienda asequible aquella cuyo precio de venta o alquiler, incluidos los gastos asociados, no supere:
el 30 % de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se encuentre el inmueble.
Esta definición servirá como referencia para distintas políticas y programas públicos de vivienda.
32. Nuevos avales para construir vivienda social y asequible
También se amplían los instrumentos de financiación destinados a aumentar la oferta.
El Ministerio de Vivienda podrá desarrollar, junto al ICO, una línea de avales de hasta:
2.000 millones de euros
para ofrecer cobertura parcial del Estado a financiación destinada a promotores públicos y privados que desarrollen proyectos para aumentar o mejorar el parque de vivienda en alquiler social o asequible.
La financiación podrá tener plazos de hasta 35 años en los términos establecidos por el programa.
33. Más financiación para construcción industrializada
La norma incorpora también incentivos para fomentar la construcción industrializada.
Los componentes industrializados destinados posteriormente al montaje de edificios podrán utilizarse como objeto de hipoteca mobiliaria.
Además, se autoriza una línea de avales para pymes del sector, tanto fabricantes como promotores que utilicen sistemas de construcción industrializada.
El importe máximo de estos avales será de:
280 millones de euros.
La finalidad es facilitar tanto la inversión productiva como la financiación del circulante asociado a este tipo de construcción.
34. Se mantiene TU CASA: hasta 50.000 euros para comprar la primera vivienda
El mecanismo TU CASA también continúa vigente tras la convalidación.
Está destinado a personas que quieran comprar su primera vivienda habitual mediante hipoteca, independientemente de su edad.
El Estado podrá complementar la financiación bancaria con un préstamo por el menor de estos dos importes:
el 20 % del valor de la vivienda,
o 50.000 euros.
El préstamo tendrá:
0 % de interés,
sin comisiones,
hasta 30 años de carencia vinculada al plazo de la hipoteca,
y un plazo de hasta 10 años para devolverlo.
La gestión corresponderá al ICO.
El decreto contempla además un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros para este mecanismo.
Sin embargo, todavía será necesario que un Acuerdo del Consejo de Ministros concrete los beneficiarios definitivos, límites, condiciones y procedimiento de solicitud.
Por tanto, que el decreto haya sido convalidado no significa que hoy ya pueda pedirse el préstamo.
35. Las viviendas compradas con TU CASA tendrán limitado su precio en el futuro
La financiación pública de TU CASA implica una contrapartida importante.
Las viviendas adquiridas mediante este mecanismo quedarán sometidas permanentemente a un precio máximo de transmisión.
Por tanto, no podrán venderse posteriormente de forma completamente libre al precio que determine el mercado.
La limitación deberá reflejarse en la escritura y en el Registro de la Propiedad.
También existirán límites si posteriormente la vivienda se destina al alquiler.
Por eso, antes de utilizar esta financiación será importante valorar no solo el beneficio de conseguir la entrada, sino también las limitaciones futuras que se aceptan sobre la vivienda.
36. Se crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa
Aunque no es exclusivamente una medida de alquiler, también forma parte del decreto que acaba de ser convalidado.
Se crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, destinada a canalizar ahorro hacia determinados activos financieros elegibles vinculados principalmente al Espacio Económico Europeo.
Cada contribuyente podrá disponer simultáneamente de una única cuenta general de este tipo.
Las aportaciones pendientes de recuperación no podrán superar 150.000 euros.
Las ganancias y pérdidas generadas dentro de la cuenta no se integrarán inmediatamente en la base imponible mientras permanezcan dentro del sistema, sino cuando se produzca una disposición total o parcial.
Además, determinadas ganancias correspondientes a aportaciones mantenidas durante más de cinco años disfrutan del tratamiento fiscal específico previsto en la norma.
También se crea una modalidad Financia Europa Reinversión para determinadas cantidades procedentes de la venta de viviendas acogidas a la nueva exención fiscal.
Qué medidas del artículo anterior ya no debes tener en cuenta
Después de la votación del Congreso es especialmente importante diferenciar qué ha sobrevivido y qué no.
El Real Decreto-ley 29/2026 continúa vigente porque ha sido convalidado.
Por tanto, siguen adelante, entre otras muchas medidas:
la deducción estatal del alquiler;
las nuevas reducciones fiscales para propietarios;
el límite extraordinario de determinadas actualizaciones;
la prórroga extraordinaria de hasta dos años;
las nuevas reglas de alquiler temporal y por habitaciones;
los cambios en desahucios;
TU CASA;
las nuevas medidas fiscales;
y las medidas destinadas a vivienda pública y asequible.
En cambio, el Real Decreto-ley 28/2026 fue derogado.
Por eso ya no deben presentarse como vigentes las nuevas renovaciones automáticas sucesivas de contratos por otros cinco años cuando el propietario fuera persona física o siete cuando fuera persona jurídica.
Tampoco sigue vigente la nueva indemnización que ese decreto establecía para determinados propietarios que decidieran no renovar.
Esto no elimina el régimen ordinario de cinco o siete años de duración mínima ni las prórrogas actualmente previstas por la LAU y por el RDL 29/2026.
Simplemente desaparecen las novedades específicas que pretendía introducir el RDL 28/2026.
Cuándo entró en vigor y cuál es su situación actual
El Real Decreto-ley 29/2026 fue publicado en el BOE el 7 de octubre de 2026 y entró en vigor, con carácter general, el 8 de octubre, aunque distintas medidas tienen fechas específicas de aplicación.
Por ejemplo, varias modificaciones fiscales y de IVA comienzan a producir efectos el 1 de diciembre de 2026, mientras que otras contienen sus propios periodos transitorios.
La diferencia fundamental respecto a cuando publicamos por primera vez estas medidas es que ahora ya no estamos pendientes de saber si el decreto sobrevivirá a la votación parlamentaria.
La Diputación Permanente del Congreso lo convalidó el 12 de noviembre de 2026.
La convalidación fue publicada oficialmente en el BOE el 13 de noviembre.
Por tanto, el Real Decreto-ley 29/2026 continúa vigente.
Resumen de las medidas que se mantienen
El decreto que ha conseguido superar la convalidación cambia una parte importante de la regulación de la vivienda en España.
Para los inquilinos, recupera la deducción estatal del alquiler, limita determinadas actualizaciones, regula los alquileres temporales y por habitaciones, refuerza derechos frente a gastos inmobiliarios, seguros de impago, reparaciones y ventas de la vivienda y establece nuevas protecciones frente a determinados desahucios.
Para los propietarios, introduce un nuevo sistema de reducciones fiscales que puede alcanzar el 100 %, mantiene determinadas excepciones para aumentar hasta un 10 % nuevos alquileres en zonas tensionadas y establece también protecciones específicas para quienes tengan dos viviendas o menos.
En materia fiscal, modifica el IRPF, el IVA, el IBI, la fiscalidad de las SOCIMI y los coeficientes de la plusvalía municipal.
Además, introduce nuevos mecanismos para ampliar la oferta de vivienda asequible, refuerza CASA 47, crea un fondo de 400 millones de euros, moviliza avales públicos para vivienda social y construcción industrializada y mantiene el mecanismo TU CASA de hasta 50.000 euros para facilitar la compra de la primera vivienda.
Por tanto, aunque uno de los dos decretos de vivienda haya sido derogado, una parte muy importante del paquete continúa vigente porque estaba incluida en el Real Decreto-ley 29/2026 que sí ha sido convalidado.
Enlaces
Real Decreto-ley 29/2026 consolidado y actualizado tras su convalidación:
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2026/10/06/29/con
Resolución de 12 de noviembre de 2026 que confirma la convalidación del Real Decreto-ley 29/2026:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-23755
Resolución de 12 de noviembre de 2026 que confirma la derogación del Real Decreto-ley 28/2026:
https://www.boe.es/eli/es/res/2026/11/12/%281%29
Agencia Tributaria: novedades fiscales introducidas por el Real Decreto-ley 29/2026: